Senadoras conservadoras buscan aumentar penas para explotación sexual en menores

Senadoras conservadoras buscan aumentar penas para explotación sexual en menores

La congresista Nadia Blel es la líder del proyecto de ley que se radicó este miércoles, el cual busca salvaguardar los derechos sexuales de los niños en el país.

Con un proyecto de ley, la senadora Nadia Blel, del partido Conservador, lidera una iniciativa de las mujeres de su bancada para aumentar las sentencias para los delitos de proxenetismo con menores de edad (en la actualidad, son 14 a 25 años y de 67 a 750 salarios mínimos) y de prostitución infantil (6 a 8 años de cárcel y de 50 a 500 salarios mínimos).

“Estas agresiones deben ser sancionadas con las medidas más drásticas, enviando un mensaje social contundente de rechazo y cero tolerancia a la realización de estos crímenes”, se lee en el comunicado del proyecto de ley.

En este sentido, en la propuesta legislativa se plantea que las penas por proxenetismo aumenten de 26 a 45 años de cárcel con multas de 67 a 750 salarios mínimos; mientras que para la prostitución infantil se graven penas de 26 a 45 años de prisión y sanciones económicas de 66 a 750 salarios.

“Este proyecto equipara las penas que están contempladas en el Código Penal a los delitos más graves que son homicidio y secuestro. (…) No queremos que nuestros niños sigan siendo objeto para que esas personas inescrupulosas se beneficien a costa de sus derechos sexuales y de su vida”, señaló la senadora Blel.

Las penas por estímulo a la prostitución infantil aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando el responsable del delito sea un familiar del menor o cuando los establecimientos sexuales estén involucrados en estos hechos.

De igual forma, cuando sea un extranjero, turista nacional, grupo armado o integrante de la familia el que se aproveche de la prostitución infantil, la pena subiría de una tercera parte a la mitad, también aplica esta medida si se somete a un menor de 14 años.

“Queremos hacer un llamado a todo el país. Queremos que el Gobierno Nacional articule acciones desde el Ministerio de Industria y Comercio, Interior, ICBF y Procuraduría para que lo que está ocurriendo en ciudades como Cartagena, Bogotá y Medellín no se repita en todo el país, para que Colombia no sea vista como un destino sexual, pero, sobre todo, para que los derechos de los niños no se sigan pisoteando por personas que tienen fines de lucro”, manifestó la senadora.